Un concurso de acreedores se debería superar en seis meses

Diego Comendador, consejero del Registro de Economistas Forenses, coordina el encuentro sobre Derecho concursal que se celebra en Santiago, en el que se analizan los últimos cambios legales en la materia y que fue inaugurado ayer por la conselleira de Facenda.

-¿Cuántas veces se ha reformado la ley concursal en esta crisis?

-Pues una en el 2009, otra en el 2011, una más en el 2013 y tres en este año, que ha sido ya la vorágine. Estas son las sustanciales en los diez años que lleva en vigor la ley, aunque hubo bastantes más, que son pequeños retoques.

-¿Y han aportado alguna mejora sustantiva en la supervivencia de las empresas en concurso?

-Yo creo que no. Las últimas, especialmente la de marzo, estaban enfocadas a evitar el concurso, fomentando las reestructuraciones preconcursales, pero ninguna de estas reformas ha reducido ese dato de que el 95 % de las empresas que entran en concurso acaban en liquidación, no ha mejorado la vida de las empresas en concurso.

-¿Qué falla?

-En España se concursa tarde y mal. La principal muestra es el bajo nivel de supervivencia.

-¿Qué cambios propone?

-No se está abordando una reforma de la ley concursal que aborde la alta mortalidad de las compañías en concurso. La gente es muy reacia a entrar en concurso, porque estadísticamente sabe dónde va a acabar. Hay que cambiar el escenario de las empresas en concurso. El primero es el plazo. No puede ser que una empresa se declare en concurso, que eso ya le supone competir en inferioridad de condiciones, porque no puede contratar con el sector público y la financiación se le complica, y que encima nadie le garantice el tiempo que va a estar así. Por eso no concursan los empresarios, porque se van a meter en un océano en el que no ven el horizonte. El concurso no puede ser un horizonte, tiene que ser pasar de una orilla a otra. Una empresa tiene que alcanzar la solución en seis meses y si no lo hace, se liquida. Estos plazos de años que hay ahora no pueden ser, porque se deterioran los activos. Y hay que hacer una poda de los privilegios públicos.

-¿Podrían hacer más Hacienda y la Seguridad Social para salvar a las empresas en concurso?

-El hecho de que las entidades públicas accedan a las quitas no es un gasto, sino una inversión, porque si con ello la empresa no se liquida, a la Administración le revertirá después con los impuestos de una empresa. En otros países de Europa, las entidades públicas son acreedores normales, porque son los primeros que conocen la situación de solvencia de las empresas.

-¿Es lógico que el proceso concursal sea el mismo para una empresa que para una familia?

-Hay que hacer una ley específica para el consumidor, porque la que hay ahora no funciona. No cabe que su insolvencia se trate de la misma manera que la de una empresa.